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El Programa Anticorrupción Empresarial: una necesidad imperante en el sector inmobiliario 

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En la lectura de cualquier periódico o revista de negocios en México es común encontrarse con una nota acerca de la corrupción. Estadísticas van y vienen. Declaraciones también. Pero poco o casi nada se dedica a la prevención de este serio flagelo de la economía y de la sociedad mexicana, que debe cambiar. 

 

El sector inmobiliario no está exento de este tema. Por el contrario, es uno de los sectores que más expuestos se encuentra a enfrentar este tipo de retos, por ejemplo, en los desarrollos inmobiliarios, así como las transacciones diarias que su operación conlleva. Por lo mismo, ciertas actividades realizadas por desarrolladores inmobiliarios son consideradas como “operaciones vulnerables”, en virtud de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su regulación secundaria (LFPIORPI, también conocida como “Ley Antilavado”). 

 

En este sentido, es claro que la clave en el combate exitoso a esta problemática estriba en evitar a toda costa que la corrupción, y su hermana, la impunidad, se materialicen. Es por ello que resulta de vital importancia en la vida de cualquier empresa poner en marcha un sistema de controles internos, mejor conocido como un Programa Anticorrupción.

 

Pues bien, ¿qué implica este programa y cuáles son sus beneficios? En términos generales, la implementación de estas iniciativas conlleva los siguientes pasos: 

 

1. Evaluar los riesgos. Hay que identificar los riesgos de corrupción que enfrenta la empresa por sus características y su forma de operar, tomando en cuenta factores como la naturaleza y lugar en donde se llevan a cabo las actividades del negocio, relaciones con terceros, métodos para generar negocios y las leyes aplicables tanto en el entorno comercial como el operativo en la organización. 

 
2. Crear el programa. 
Hay que diseñar un Programa Anticorrupción integral y equilibrado que atienda los riesgos identificados durante el proceso de evaluación. 

 

3. Definir e implementar políticas. Hay que redactar políticas que se relacionen con los reglamentos, obligaciones y procesos de negocios. Por ejemplo, está la política de gastos de representación, la política de obsequios, la de donativos y la de debida diligencia de terceros. 

 

4. Crear y operar los controles. Hay que establecer procedimientos y controles para prevenir, detectar, corregir y mitigar los riesgos. 

 

5. Capacitar y educar. Hay que diseñar e impartir cursos de capacitación en diferentes modalidades para despertar conciencia y ampliar el conocimiento de las partes interesadas sobre las metas, políticas, procedimientos y controles anticorrupción. 

 

6. Monitorear y evaluar. Hay que evaluar el desempeño y eficacia tanto de los controles, como de las políticas.

 

7. Revisar, realinear y reportar. Por último, hay que tomar medidas correctivas y disciplinarias de manera oportuna, cuando llegue a materializarse alguna violación. 

 

Un Programa Anticorrupción ayuda a crear un ambiente de integridad y una cultura ética en toda la empresa. Asimismo, las compañías que cumplen con los más altos estándares anticorrupción se desempeñan mejor en el mercado y tienen una ventaja competitiva. Por último, la existencia de programas formales antifraude o anticorrupción generan una serie de beneficios, incluyendo ventajas como: 

 

· Proveen evidencia tangible de una cultura de integridad 

· Ayudan a prevenir situaciones irregulares y coadyuvan una detección temprana de los mismos 

· Salvaguardan los activos y la reputación de la empresa 

· Reducen las sorpresas desafortunadas que pueden distraer a la gerencia 

· Atacan las preocupaciones del auditor externo y la mesa directiva 

· Reducen los costos de demandas y procesos legales 

 

Por otro lado, las empresas del sector inmobiliario no pueden perder de vista que la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entró en vigor desde el 19 de julio de 2017, regula el establecimiento de una “Política de Integridad”, y manifiesta que las empresas deben contar por lo menos, con lo siguiente: 

 

.  Manual de organización y procedimientos que delimiten funciones y responsabilidades de cada área y especifiquen claramente las cadenas de mando y liderazgo en la estructura 

.  Código de conducta 

.  Sistemas de control, vigilancia y auditoría 

.  Sistemas de denuncia, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas para quienes actúan de forma contraria a las normas internas o la legislación mexicana 

.  Sistemas de entrenamiento y capacitación de las medidas de integridad 

.  Políticas de recursos humanos 

 

Estos lineamientos le permitirán a las empresas mitigar los riesgos y reducir las sanciones establecidas en la propia ley para cuando se cometan actos vinculados con faltas administrativas graves y que los mismos sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o en representación de la persona moral. Por ejemplo, está el caso de los gestores tan utilizados en la industria inmobiliaria. 

 

Como un valor agregado, las empresas del sector podrán estar más preparadas para cumplir con las obligaciones que establece la Ley Antilavado, así como la detección oportuna de casos de incumplimiento, evitando multas o sanciones por parte de las autoridades correspondientes. 

 

 
Por: Jorge Caballero, Socio de Impuestos, Líder del sector de Real Estate y 

José Claudio Treviño, Socio de Asesoría del Área Forensic 

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