La reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular podría traer riesgos para los gobiernos inversionistas, particularmente porque los recursos que se otorgarían significan fuente subsidio y excesivo riesgo.
La iniciativa dictaminada por el Senado el 15 de abril de 2009 busca separar las figuras jurídicas, Sociedades de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de las Sociedades Financieras Populares, ambas actualmente reguladas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
La reforma contempla la creación de una nueva figura denominada Sociedad Financiera Comunitaria, en la cual pueden participar como accionistas los distintos ámbitos de gobierno con recursos públicos, lo cual creará una gran distorsión en la operación normal del Sector, advirtió el presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Financiera Finamigo, Modesto Gutiérrez, en un comunicado.
De aprobarse esta iniciativa se crearán, para un mismo fin, dos marcos jurídicos paralelos que tendrán como finalidad regular al mismo sector pero con diferentes criterios de supervisión, en detrimento directo del patrimonio de los participantes, añadió.
Financiera Finamigo considera que la publicación de la Ley tendrá implicaciones negativas entre los participantes del sector de Ahorro y Crédito Popular: Creará un arbitraje regulatorio entre las instituciones de Ahorro y Crédito Popular, y conlleva el riesgo de prevalecer un proceso de regulación menos exigente al actual.
Asimismo, indica, afectará a los clientes actuales y potenciales del sector, ya que esta iniciativa de Ley permitirá que sean atendidos por entidades no reguladas que realizan intermediación financiera, con el riesgo que ello implica.
También afectará al sector en virtud de que esas entidades no reguladas no tendrían la obligación de reportar sus operaciones a las Centrales de Riesgo, lo cual puede causar sobre-endeudamiento en los clientes, así como ocasionar problemas para las autoridades y para el Sector, a la vez que creará desventajas competitivas para aquellas entidades que ya están reguladas y, por lo tanto, se ven impactadas por el costo de la regulación.
La Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural juzga pertinente evaluar la conveniencia de revisar nuevamente esta iniciativa, y exhorta a los Legisladores a fortalecer el sector de Ahorro y Crédito Popular a través de las Leyes vigentes.
México expidió la Ley de Ahorro y Crédito Popular, el 4 de Junio de 2001, cuyo objetivo principal es regular a las entidades de Ahorro y Crédito Popular al amparo de una sola ley y estandarizar los criterios de operación y evaluación, así como para combatir el fraude.
A la fecha, se han autorizado a 42 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y 34 entidades definidas como Sociedades Financieras Populares bajo esta Ley.
Sin embargo, existe todavía entidades, cajas y microfinancieras, que no han podido entrar a la Ley actual y han trabajado en impulsar una nueva Ley que les permita el acceso al sistema regulado bajo un entorno regulatorio menor, lo que trae perjuicios para los usuarios.
Los problemas ocasionados por algunas cajas populares de ahorro son un ejemplo del daño que se puede causar a la población con una operación deficiente, como de la confusión que existe con respecto a las diversas figuras que operan en el mercado actualmente, muchas de ellas no reguladas, comentó, Modesto Gutiérrez.
Una regulación clara que contemple a la totalidad del sector no sólo beneficia a los usuarios de estos servicios, sino también a las propias Entidades Reguladas, al existir mecanismos legales claros para prevenir, detectar y resolver con oportunidad los problemas que pudiesen surgir, finalizó.
Salvador Guerrero
