Nuevos Impuestos a Telecom: Sus Impactos Negativos e Inconsistencias en la Política Pública

empresarios3En días recientes, la Secretaría de Hacienda presentó su Paquete Económico 2010 que, como prácticamente hacen cada año, busca profundizar la tasa de gravamen fiscal sobre la base de causantes cautivos, por la vía del consumo y del ingreso. Así, los efectos previsibles son de afectación al ritmo de crecimiento de este sector (el único creciendo en esta fase álgida de la recesión), de afectación directa a los usuarios de telecomunicaciones limitando el ritmo de crecimiento de accesos fijos, móviles y de banda ancha, con sus consecuentes efectos perniciosos en la  productividad, competitividad, generación de empleos y bienestar social, entre otros.

En las iniciativas se proponen dos impuestos que tasan directamente al sector de las telecomunicaciones:

1.      Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS): impuesto especial a los servicios del único sector con capacidad de crecimiento en esta recesión, el de las telecomunicaciones, con tasa de 4%. Excluye segmentos de bajo peso y dinamismo, la telefonía rural, pública y servicios de interconexión.

2.      Contribución al Combate a la Pobreza: impuesto generalizado adicional a todos los bienes y servicios en el país de 2% cuya recaudación estaría destinada específicamente a programas sociales contra la pobreza. Destaca que en el marco normativo fiscal de México no existen impuestos etiquetados para cubrir gastos específicos, lo que lo convierte únicamente en un destino deseable para los ingresos derivados del impuesto y corre el riesgo de terminar en gasto corriente.

En forma agregada, el impuesto final a las telecomunicaciones corresponde a un 6% adicional derivado de la suma de ambos impuestos, que es previsible sea transferido al consumidor final. Lo anterior se deriva del estrangulamiento de márgenes que recientemente han reportado las empresas del sector, ante la recesión, la devaluación que impacta directamente y en la misma proporción a la estructura de costos y la desaceleración de ingresos tasados en pesos.

En cada país existen bienes y servicios considerados básicos, como es el caso de la electricidad, la educación, la salud, el transporte público, entre otros; ya que son fundamentales en la vida diaria de las personas. A estos servicios básicos se les busca brindar un tratamiento preferencial, pero no punitivo, sino de fomento y estimulo.  Todo, con el objetivo de proveer sus servicios de la manera más eficiente, ya sea que lo haga el mercado o a través de políticas públicas que mejoren su aprovechamiento y amplíen su cobertura en la población. Inclusive, llegando a subsidiarlos con recursos públicos.

El Estado ha definido únicamente la telefonía fija como servicio básico de comunicaciones; sin embargo, la convergencia tecnológica impulsa dicha definición un paso más adelante. Actualmente, podríamos precisar el servicio básico de telecomunicaciones como un punto de acceso a una red, ya sea por medio de conexión fija, cable, móvil, satelital o microondas; es decir, los servicios de telefonía, internet y datos pueden viajar por distintas tecnologías, y lo que se debería definir como básico es el punto de acceso.

Hoy en día, se cuenta en México con una penetración de telefonía fija y móvil conjunta de 82% [1]. Sin embargo, el 18% de la población aún no cuenta con acceso a ninguno de esos servicios, lo cual que debe ser la prioridad de la administración pública. Sobre todo a la luz de países semejantes, como Argentina, Brasil y Chile, que a la fecha han rebasado ya la barrera de penetración de tres dígitos, es decir, superior al 100%.

En cuanto a la infraestructura, los nuevos impuestos resultan contradictorios con el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 de “incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, de modo que al final de la presente administración, México se ubique entre los treinta países líderes en infraestructura de acuerdo a la evaluación del Foro Económico Mundial”.[2]

Incluso, el mismo Presidente de la República Felipe Calderón, ha dicho que “la infraestructura es sinónimo de desarrollo económico, social y humano. El crecimiento económico y las oportunidades de bienestar de las Naciones están claramente correlacionadas con el grado de desarrollo de su infraestructura. Los países con que competimos están dando la más alta prioridad a la modernización de su infraestructura, porque saben que es una condición para triunfar en la economía global. México no puede ni debe quedarse atrás”.[3]

Dicha expansión en infraestructura se verá mermada por el nuevo esquema ya que los impuestos adicionales se suman a la ya de por sí pesada escalera fiscal que enfrenta el sector descrita en la siguiente gráfica:
Escalera Fiscal de los Operadores de Telecomunicaciones
Es previsible que los nuevos impuestos impacten a los ya de por sí altos precios de los servicios de telecomunicaciones en México, limitando el alcance de estas tecnologías en niveles socioeconómicos bajos, los cuales son los nuevos entrantes a estos servicios. Por lo tanto, la tendencia a la baja de los precios que ha permitido permear en niveles socioeconómicos bajos con más servicios, se verá revertida por el alza en los impuestos a la interminable escalera fiscal del sector impidiendo reducir la brecha digital.

En este sentido, es ineficiente y regresivo tasar servicios convergentes que tienen un impacto tan positivo en el crecimiento y desarrollo económico, la generación de empleos, el ahorro en gasto tanto público como privado, además de más y mejor calidad en la educación, así como en recaudación fiscal adicional por mecanismos actuales como el IVA e ISR, por solo mencionar algunos. Es decir, la ineficiencia y regresividad de estos nuevos impuestos proviene de incrementar artificialmente los precios de los servicios y excluir a los segmentos más desfavorecidos de los beneficios mencionados de las telecomunicaciones.
Con todo, una política pública no debe ver a un sector tan dinámico, como es el de las telecomunicaciones, como una forma de incrementar su recaudación cortoplacista sino como una medida para atacar los problemas de crecimiento y desarrollo económico que son prioridad nacional en estos tiempos de recesión macroeconómica y con la mitad de la población en pobreza.

Elaborado por The Competitive Intelligence Unit (www.the-ciu.net)

Deja un comentario