La Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-6), llevada a cabo por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el levantamiento de campo —realizado en las 32 entidades del país y en 16 zonas urbanas—, presenta por segunda ocasión el termómetro del delito — índice nacional de inseguridad—, integrado por tres indicadores: la incidencia delictiva, el porcentaje de delitos cometidos a manos armada —datos ambos generados por la encuesta— y la tasa de homicidios dolosos —tomada de la estadística oficial—. Chihuahua resulta la entidad más insegura del país. Le siguen Sinaloa, Baja California, el Distrito Federal y Guerrero. La razón principal por la que Chihuahua y Sinaloa ocupan esas posiciones es que los homicidios dolosos han tenido un ascenso notable en sólo un año: en la primera pasaron de 18 a 42 y en la segunda de 28 a 43 —siempre por cada 100,000 habitantes—, lo que las coloca en un rango similar a la de países como Sudáfrica o Venezuela, con tasas muy altas de homicidios.
La entidad más segura del país sigue siendo Yucatán, que tanto en prevalencia como en incidencia delictiva y en tasa de homicidios dolosos presenta cifras cercanas a las de las naciones más seguras del mundo.
El dato entre paréntesis corresponde a la medición de 2008 del termómetro, con base en los resultados de la ENSI-5. El dato más obscuro corresponde a la medición actual, para que pueda apreciarse la tendencia por entidad federativa.
La prevalencia (tasa de víctimas) y la incidencia (tasa de delitos) delictivas en el país en el año 2008 no han observado cambios sustanciales en esta década. Algunas entidades, en cambio, experimentaron de 2007 a 2008 aumentos considerables en sus niveles de victimización: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit y Querétaro.
Uno de cada cuatro delitos se perpetra con alguna arma, y de ellos en 34% de los casos el delincuente la utiliza. En el Estado de México 44% de los delitos se cometen a mano armada, por lo que esta entidad ha desplazado del primer lugar a Guerrero. Sin embargo, de las zonas urbanas objeto del estudio es Acapulco la ciudad con mayor proporción de crímenes que involucran armas.
En las zonas urbanas, la mayor prevalencia delictiva tiene lugar en Chihuahua y en el Distrito Federal, con 19% de la población victimizada en cada una de ellas. La más alta incidencia continúa observándose en el Distrito Federal, la Ciudad de México —incluyendo en ésta la zona conurbada—, Chihuahua y Mexicali.
El robo a transeúnte aparece, como en encuestas anteriores, como el delito más frecuente (42%), seguido por el robo parcial de autopartes de vehículo (27%). Un dato sobresaliente en este estudio es la incidencia tan alta de extorsiones: uno de cada diez delitos es extorsión. El porcentaje de secuestros (0.5%) permite estimar que ocurren, en sus diferentes modalidades, alrededor de 50,000 anualmente.
En México se denuncia en promedio uno de cada cinco delitos, y sólo 15% de éstos se registran en la estadística oficial. Las víctimas que no denuncian motivan su abstención, como en encuestas anteriores, principalmente en que acudir al Ministerio Público les parece una pérdida de tiempo (39%) o en desconfianza hacia esta autoridad (16%). De los delitos denunciados sólo en 6% de los casos se puso al presunto delincuente a disposición del juez.
Por primera vez, la Ciudad de México y el Distrito federal no son las áreas urbanas donde mayor proporción de habitantes se sienten inseguros. Ese sitio lo ocupan ahora Chihuahua y Ciudad Juárez, donde ocho de cada 10 personas tienen esa percepción.
Por temor a la inseguridad, en seis de cada 10 hogares ya no se permite salir a los menores a la calle. Por el mismo motivo, la mitad de los mexicanos evita salir de noche.
Los cuerpos policiacos, los locales en mucha mayor medida que los federales, aún son vistos con desconfianza por la gran mayoría de la población.
En la presentación de resultados se omitieron los correspondientes a los estados de Tabasco y Tamaulipas, y a las ciudades de Villahermosa y Nuevo Laredo, en virtud de que en la primera entidad se presentaron problemas inherentes al levantamiento de campo y en la segunda no se realizaron las entrevistas en condiciones adecuadas debido a la vigilancia efectuada en algunas ciudades por personas no identificadas.
El ICESI reitera que sólo la medición rigurosa de la criminalidad y el conocimiento de sus características permitirán evaluar con objetividad si se va avanzando en el combate contra ella.
Redacción
