Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, tanto el Indicador IMEF Manufacturero como el No Manufacturero confirmaron a principios de este mes que la economía mexicana inició un ciclo de recuperación a partir de julio de este año y sigue en pie. Afortunadamente, indicadores adicionales como la producción industrial, las ventas al menudeo, la inversión privada y el comercio exterior, confirman esta percepción.
No obstante, vale la pena subrayar que el mercado laboral todavía no muestra signos de reactivación. Queremos señalar que esto es una característica normal al inicio de una fase de recuperación, ya que las empresas tardan en contratar más personal, hasta que las circunstancias lo ameritan. Por lo mismo, no debemos ver en los altos niveles de desempleo signos de que la recuperación todavía no se ha gestionado.
Esperamos que el Producto Interno Bruto real de México sufra una caída de 7.2 por ciento en 2009. Como ustedes saben, esta es la caída más pronunciada del PIB desde 1932 cuando Pascual Ortiz Rubio era presidente y la actividad económica cayó 14.0 por ciento. Dado que se espera que la caída de este año supere la de 1995, de -6.2 por ciento, muchos dicen que esta es la peor recesión que ha tenido México en los últimos 76 años.
Nosotros pensamos que no; la recesión de 1995 fue mucho peor que la actual. La razón es que el PIB no es siempre el mejor indicador para medir el impacto sobre el bienestar. En 1995 se desplomó el consumo privado como consecuencia, entre otras cosas, de la disminución en el poder adquisitivo. En ese año, el PIB no cayó tanto debido al impulso que recibió de las exportaciones.
En cambio, este año el PIB ha disminuido sustancialmente como consecuencia principal de la caída en las exportaciones, pero el consumo privado en general no ha sufrido una disminución parecida.
Para que la recuperación se pueda consolidar, necesitamos asegurar que el consumo de las familias no disminuye más. Para esto se necesita una política fiscal contra-cíclica, es decir, una política que no busque aumentar los impuestos y los precios antes de que tengamos oportunidad de recuperarnos.
Al mismo tiempo, el gobierno tiene un problema estructural en sus finanzas públicas que necesita solucionar. La propuesta del gobierno no es la de elevar el déficit público de 0 a 0.5 por ciento del PIB. Tenemos que tomar en cuenta los recursos financieros totales que necesita el sector público para determinar el verdadero tamaño del boquete.
Primero habría que sumar 2.0 por ciento del PIB para la inversión propuesta de Pemex. Después otro 0.6 por ciento que se necesita para pagar Pidiregas y otros programas contemplados. Esto suma 3.1 por ciento del PIB.
Sin embargo, para dimensionar correctamente el problema que tiene el gobierno, deberíamos contemplar que casi otro punto porcentual del PIB que va utilizar el gobierno en 2010 proviene de ingresos no recurrentes. De no haber existido estos ingresos (por su naturaleza no recurrente no van a existir a partir del 2011), tendríamos un déficit estructural de prácticamente 5,0 por ciento del PIB.
Efectos de la Propuesta de Reformas al Código Fiscal de la Federación
Como sabemos, el pasado mes de septiembre el Presidente Calderón presentó ante la Cámara de Diputados su paquete fiscal para el año 2010, habiendo planteado diversas reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) que en el IMEF consideramos tienen efectos sumamente nocivos para los particulares.
Siendo quizá el tema más relevante, se prevé que ahora los socios o accionistas se consideren responsables solidarios de las contribuciones omitidas por las empresas. Con anterioridad, éstos sólo eran responsables solidarios cuando la sociedad hubiera cometido omisiones graves, como no haberse inscrito al Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), no llevar contabilidad, entre otras.
Para efectos prácticos, lo anterior significa que en cualquier caso las autoridades fiscales puedan exigir el pago de las contribuciones a los socios o accionistas de una empresa, eliminándose el velo corporativo y desalentando la inversión en nuestro país.
Tratándose de delitos fiscales, se prevé sancionar a los contribuyentes que den efectos fiscales (por ejemplo que realicen deducciones) a comprobantes digitales que no reúnan los requisitos fiscales, como por ejemplo podría ser un error en el nombre, RFC, domicilio, etc., lo cual consideramos es evidentemente excesivo, pues en todo caso sólo debería de penarse a las personas que fabrican los comprobantes apócrifos y no a los usuarios de los mismos.
Por otra parte, en materia de la prescripción de la acción penal, se propone modificar la fecha a partir de la cual se considera que las autoridades tuvieron conocimiento de un delito, lo que podría implicar que ésta pudiera acusar a contribuyentes de la comisión de delitos en cualquier momento, situación que se traduciría en la eliminación de la prescripción de los delitos fiscales para efectos prácticos.
En términos generales se eliminan diversos derechos con los que contaban los contribuyentes tratándose del ejercicio de facultades de fiscalización por parte de las autoridades, así como del procedimiento tendiente a lograr el cobro de los créditos fiscales que no se encuentran firmes.
Resalta el hecho de que aun cuando se hubiera embargado la totalidad de bienes con los que cuenta el particular o inclusive su negociación, la autoridad pueda continuar con los procedimientos respectivos, como el remate de bienes o la intervención de la negociación, en caso de que considere que éstos no son suficientes. Ello, no obstante que el crédito no sea firme o definitivo.
Por otra parte, se modifica el procedimiento para inmovilizar las cuentas bancarias de los contribuyentes, siendo que la deficiente redacción de la propuesta puede llegar a dar lugar a que las autoridades fiscales cobren créditos fiscales no definitivos.
En materia del domicilio fiscal de los contribuyentes, se propone que también se considere como tal, el de su representante legal, sin que se señale el tipo de facultades que debe tener éste para ello. A manera de ejemplo, el domicilio de un representante con poderes limitados para realizar trámites, pueda ser considerado domicilio fiscal del contribuyente.
Lo anterior cobra relevancia si se considera que la contabilidad del contribuyente debe conservarse en su domicilio fiscal (el cual evidentemente no será forzosamente el de su representante legal), siendo que la omisión en proporcionar dicha contabilidad es un supuesto para que las autoridades puedan presumir la utilidad de los contribuyentes.
Como se puede observar, las propuestas de reformas al CFF buscan eliminar en un sentido extremo los derechos con que cuentan los particulares para defender su patrimonio e inclusive su persona, disminuyendo notablemente su seguridad jurídica, lo que en el IMEF consideramos es un fuerte desaliento a la inversión nacional y extranjera, con las consecuentes repercusiones que ello tendrá en la economía del país, por lo que exhortamos al Congreso de la Unión a llevar una seria revisión de la propuesta del Ejecutivo.
El detalle de cada uno de los mecanismos antes enunciados, lo hemos descrito en innumerables documentos durante meses y a su vez lo hemos planteado y discutido con todos los involucrados en su análisis y discusión.
De la misma forma, hacemos un enérgico llamado al Congreso de la Unión para que de ninguna manera se aprueben las modificaciones al Código Fiscal de la Federación ya que atentan contra las garantías de los contribuyentes y violentan la seguridad jurídica de los inversionistas. No es aceptable que la autoridad presuma que todo empresario es evasor fiscal salvo prueba en contrario.
La Agenda Integral para la Competitividad para 2010 incluye una serie de iniciativas, y es por ello que recientemente se presentaron las que impulsan la inversión en proyectos de infraestructura, a través de incentivar la participación público-privada en proyectos, agilizar los procesos para evaluar, autorizar y adjudicar proyectos, y ampliar los niveles de inversión en este tipo de proyectos a las Afores.
En IMEF consideramos que son propuestas positivas que el Congreso deberá analizar en el marco de la importancia que revisten inversiones de esta magnitud por su contribución al desarrollo económico de regiones geográficas, su contribución al bienestar social, su generación de empleo temporal y permanente y la atracción de capital nacional y extranjero.
Mucho se ha comentado sobre los riesgos que tendrían las Afores por invertir en este tipo de proyectos, pero poco se ha comentado sobre el tope de inversión, el riesgo asociado al tipo de proyectos que calificaría y sobretodo a los vehículos de inversión, lo cual sería a través de instrumentos financieros diseñados por la BMV que consideran una adecuada regulación y supervisión, además de que podrán estructurarse con garantías de capital.
En nuestro país debemos impulsar una cultura financiera con visión de largo plazo, para que la primera generación de pensionados con base al esquema de las Afores pueda ejercer sus derechos. Para que esto se cumpla faltan más de de diez años, por lo que la diversificación de un portafolio de inversiones se vuelve indispensable para la optimización de rendimientos.
En IMEF hemos sostenido la urgencia de identificar las áreas de oportunidad para hacer más eficiente y transparente el Gasto Público, por lo que apoyamos plenamente la decisión de liquidar a Luz y Fuerza del Centro, empresa paraestatal ineficiente en su operación, con un altísimo porcentaje de pérdidas por robo de luz (delito y corrupción), con prestaciones a trabajadores activos y pensionados fuera de toda proporción, con un exceso de estructura laboral, y finalmente quebrada lo que ha requerido subsidios permanentes para operar.
El asunto no es político es auténticamente el de acabar con ineficiencias gubernamentales que mucho nos cuestan a la sociedad. El Gobierno deberá asegurarse no solamente de mantener el suministro de energía, sino ahora invertir para hacerlo eficiente, moderno y financieramente viable.
Finalmente es hoy, cuando nuestro país requiere cambios estructurales que le permitan replantearse ante un futuro sumamente competido a nivel mundial y es por ello que la política debe ser generadora de acuerdos y no de conflictos, invitamos a todos los actores a pensar en México como nuestra gran prioridad para con ello iniciar un proceso de transformación competitiva que nos lleve a triunfar.
IMEF
