El 31 de diciembre de 2010 es el plazo para que la Federación, Estados, dependencias del poder Ejecutivo, poderes Legislativo y Judicial, así como las entidades y órganos autónomos, acaten la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), también conocida como “Armonización Contable”.
La administración pública para esa fecha deberá disponer bajo la LGCG de reglas de registro y valoración del patrimonio, estructura de los catálogos de cuentas y manuales de contabilidad, así como iniciar la emisión de información contable y presupuestaria de forma periódica.
Con anticipación, y a más tardar el 30 de abril del presente año, la administración pública deberá adoptar e implantar el acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, que establece los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y las características del Sistema de Contabilidad Gubernamental, así como de la información financiera y de los reportes presupuestarios y financieros a producir.
Si bien la LGCG estipula el 31 de diciembre de 2012 como fecha última para tener los sistemas contables de toda la administración pública, en los tres niveles, armonizados y con información en tiempo real, los entes de gobierno requieren con urgencia comenzar a actuar ya que el tamaño del reto que este proyecto nacional implica para sus administraciones no es de menor trascendencia. No sólo involucra una transformación en materia contable, sino demanda la revisión de procesos, tecnología, capacitación y sobre todo un cambio fundamental en la cultura hacia la transparencia y rendición de cuentas.
“La armonización contable surge de una necesidad y un llamado de la sociedad hacia la rendición de cuentas. Un gasto social más eficiente es producto de una clara transparencia de las finanzas públicas en beneficio de los ciudadanos”, declaró Enrique Clemente, Socio Líder de Servicios al sector Público de Deloitte México.
Siendo que 2010 es año electoral, el reto para los gobiernos entrantes es iniciar o continuar con los esfuerzos realizados para atacar las metas y fechas establecidas en la ruta crítica de desarrollo de la Ley para el año 2012.
“2012 se percibe lejano, sin embargo los gobiernos que no logren actuar y sacar el mayor provecho para reestructurar sus procesos, pocas ventajas podrán obtener con menor tiempo para hacerlo”, añadió Clemente en el marco de su participación en el Foro Trascendencia de la Armonización Contable para la Gestión Pública de México, organizado por la revista Política Digital y patrocinado por Deloitte.
“Actualmente la contabilidad gubernamental gira en torno a la elaboración de cuentas públicas. Con la LGCG, se busca que el sistema contable tenga como fin primordial la generación de información para apoyar la toma de decisiones sobre las finanzas públicas y uso de los recursos”, comentó Alonso Yáñez, Socio Líder de la práctica de sector Público de Deloitte México.
La infraestructura tecnológica de la administración de gobierno debe superar las barreras actuales. Con respecto a la LGCG se estipula que los sistemas deberán generar, en tiempo real la información financiera, contable y presupuestal. “El reto para los gobiernos y entidades es hacer uso eficiente de los recursos tecnológicos actuales, capitalizar modelos para integrar y compartir el uso de sistemas, colaboración en desarrollo entre diversas entidades y analizar los recursos faltantes con soluciones que cumplan las características requeridas”, concluyó Yáñez durante su intervención.
Para conocer más de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Deloitte México ha publicado una guía práctica de referencia para ayudar a descifrar el camino en la aplicación y desarrollo de esta normativa por los gobiernos.
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