Dos servidores públicos fueron suspendidos temporalmente de sus cargos en el gobierno federal, por la Secretaría de la Función Pública (SFP), horas después de haber sido aprehendidos, en sus propias oficinas y en flagrancia, por elementos de la Policía Federal Ministerial como presuntos responsables del delito de extorsión.
La detención ocurrió durante un operativo coordinado por la SFP, a raíz de una denuncia contra el director de Recursos Materiales y Servicios Generales, y del Apoyo Técnico del área de Administración, de Recursos Materiales y Servicios Generales, en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).
Dos representantes de una empresa presentaron esta denuncia, el pasado 31 de agosto, luego de que los servidores públicos les exigieron 30 mil pesos, a cambio de no sancionar a dicha empresa, por un retraso en la instalación de un circuito cerrado de televisión.
Tras la presentación de la denuncia, los servidores públicos fueron detenidos por Policías Federales al recibir el dinero por parte de los denunciantes. Al ser descubiertos, los funcionarios de la Conamed trataron de ocultar el dinero recibido en un bote de basura de su oficina.
La empresa que representan los denunciantes fue adjudicada a un contrato de la Secretaría de Salud, para instalar el servicio de vigilancia, por medio de circuito cerrado, en unidades administrativas y órganos desconcentrados de la dependencia, entre ellos Conamed.
Al incurrir en un retraso en la instalación en este organismo y, de acuerdo con el contrato, se hizo acreedora a una multa por 240 mil pesos.
Los empleados de la Conamed ofrecieron firmar y sellar de recibido la carta de entrega del circuito cerrado con fecha retroactiva dentro del plazo establecido en el contrato, a cambio de 25 mil pesos.
Ante la falta de respuesta, los servidores públicos bloquearon el pago de una factura por los servicios de la empresa, y advirtieron a sus representantes que no habría ningún pago mientras no accedieran a entregar los 25 mil pesos, más otros seis mil que habían exigido antes, para anularle otras sanciones.
Posteriormente, los servidores volvieron a citar a los representantes de la empresa para informarles que su multa se había incrementado a 377 mil pesos, y que ahora exigían 37 mil pesos, cantidad que le pareció excesiva al denunciante, por lo que fue “rebajada” a 30 mil pesos.
Además, los empleados públicos reiteraron la exigencia por teléfono celular.
Con la denuncia realizada y el operativo en marcha, los funcionarios públicos recibieron los 30 mil pesos, fueron detenidos en flagrancia y trasladados posteriormente a las instalaciones de la PGR, y puestos a disposición del Agente del Ministerio de la Federación quien los consignó ante el Juzgado de Distrito en Procesos Penales Federales, en el Distrito Federal, por el delito de extorsión.
Esto, independientemente del proceso de responsabilidades administrativas al que serán sometidos por la Secretaría de la Función Pública
