Sólo uno de cada 100 abogados está preparado para lidiar con los delitos cibernéticos en México porque no se crean equipos multidisciplinarios para detectar fraudes en línea, espionaje cibernético y contrarrestar de manera oportuna la mala reputación corporativa.
En el país los delitos en línea crecieron 300% en los últimos cinco años y los casos más documentados tienen que ver con fraudes empresariales que se detectan 18 meses después de cometidos en 67% de los casos porque no existen controles eficientes, es tardado el proceso de auditorías y en 76% de las PyMEs una sola persona realiza todo el proceso de crédito, contabilidad y finanzas.
Sin embargo la atención empresarial se centra en malos manejos financieros, pero existen delitos que van al alza y que representan pérdidas de hasta el 50% de las ventas en promedio a través de difamaciones y mal manejo de políticas e imagen en redes sociales.
La imagen corporativa se tarda años en generar y se pierde en un minuto. Las empresas tienen menos “derecho” a tener la piel fina y se encuentran, a menudo, con situaciones en las que informaciones que dañan su reputación están cubiertas por la libertad de expresión o información y no hay modo de retirarlas de Internet.
Tampoco tienen el recurso al derecho al olvido que, como dimanante de la protección de datos de carácter personal, sólo se aplica a las personas físicas.
Uno de los grandes problemas que afecta la reputación empresarial es la fuga de información. Puede ser intencional o no pero los datos personales que se escapan de la compañía representa grandes pérdidas económicas y de imagen y nadie descarta que se trate de un espionaje empresarial donde peligran marcas y patentes, ideas, planes de reposicionamientos, estrategias competitivas y más.
Hasta ahora, el conocimiento de los abogados empresariales en materia cibernética resulta un tanto empírica y no existe una formación que los capacite para enfrentar y prevenir los delitos en Red. Para ello se aconseja la conformación de equipos multidisciplinarios y sociedades legales en las que el abogado esté al tanto de usos y costumbres de nuevas tecnologías para blindar a las compañías de delitos cibernéticos.
Se ha hecho mucho en materia de prevención de fraude que afecta al 86% de todas las empresas en México al gestionar más y mejores controles, evitar el multitask, generar más auditorías fuera de las previstas e instaurar política de denuncia dentro de la compañía, pero aún subsisten muchos problemas en la preservación de datos, robo de identidad digital y altos riesgos en la reputación corporativa.
En la formación de la imagen empresarial influyen muchos factores, desde la transparencia y el respeto en el trato al cliente hasta las acciones de responsabilidad social corporativa.
El riesgo de la reputación, por su lado, supone la evaluación del daño que se podría causar al buen nombre de la empresa, sus marcas o sus servicios por acciones internas o externas y que finalmente afectan al negocio.
Por eso, cada vez más se incorpora en los análisis de riesgos legales y de seguridad informática la figura del riesgo de la reputación, que analiza la ocurrencia de situaciones en las que no se identifica un daño patrimonial directo, pequeño y diferible mediante una pleito, pero si uno a la imagen corporativa cuyo efecto se extiende en el tiempo y cuyo coste final para la organización es difícil de calcular.
La reputación corporativa es un tema crucial que debe manejar el abogado de empresa. Y este, aunado a la protección de datos, representa una labor compleja si no se cuenta con un equipo multidisciplinario.
Cada vez es más difícil mantener intacta nuestra esfera de privacidad, desde el momento en que decidimos adentrarnos en el mundo de las tecnologías de la información. Dos tendencias que ejemplifican el riesgo latente son las redes sociales públicas y sistemas de mensajería y el Internet of Things donde aparece una relación unívoca entre el dispositivo y su titular o quién lo usa. Así, pueda llegar a trazarse un perfil personal de forma automática. Ambos factores implica mayores retos para quienes se dedican a la protección de datos personales.
En la actual revolución de la información y el conocimiento, apoyada en los avances tecnológicos de las TIC existe una clara tendencia a centrarse en los datos. Unos para obtener, de forma legítima, el máximo rendimiento y conocimiento de ellos (Big Data y técnicas analíticas) y, otros, para preservarlos y proteger la esfera de privacidad de las personas.
En consecuencia, es esencial encontrar un equilibrio entre los beneficios de las tendencias innovadoras y los riesgos relacionados con la privacidad.
Los entornos abiertos de colaboración son la única solución para regular y supervisar “la complejidad” que supone preservar la información y reputación digital al unísono. Y esto implica la capacitación TIC por parte de los diferentes profesionales del Derecho al ser en el medio digital donde ahora se desarrollan, o al menos se ven afectados por él, los diferentes ámbitos de actividad.
Por Jorge Manrique, Rector del Colegio Jurista
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