El artículo 27 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce que las personas en esta condición tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones con las demás.
Sin embargo, en México la brecha es amplia ya que el acceso a oportunidades de trabajo es limitado, según el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Equivalente a una tasa del 39.1 por ciento. O bien 25.6 puntos porcentuales por debajo de la población sin discapacidad. Esto, de acuerdo con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Otros datos presentados en un informe como parte del día internacional de las personas con discapacidad dicen que un 97% de la población económicamente activa (PEA) de la población en condición de discapacitada, trabaja. Cifra ligeramente superior a lo reportado en personas sin discapacidad.
En tanto, para la población no económicamente activa las labores que realizan son quehaceres del hogar. Reportando un 42.3%. El porcentaje para las personas que tienen una discapacidad permanente y que por tanto no pueden trabajar arrojó un 30.5 por ciento. De esta última cantidad 2.6% de la población estudia; contra un 25.2% que recibe educación y que no tiene ninguna limitación.
- El INEGI señala que de la población de 15 años y más con discapacidad 32% no recibe dinero.
- Quienes sí obtienen recursos monetarios por medio de sus trabajos son el 40.2%.
- De los programas sociales de gobierno se benefician 39%.
- 21.6% viven de la jubilación y pensión.
- Y 12.9% sobrevive gracias a la ayuda de personas externas.
Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014 (ENADID, 2014) del total de hogares 18% tiene al menos una persona con discapacidad, de los cuales 89.9% son familiares; 8.8% son unipersonales y el 1.3% corresidentes.
No obstante en nueve de cada 100 hogares la persona discapacitada vive sola.
De lo anterior se desprende que si un 23.1% de la población con discapacidad de 15 años y más no cuentan con algún nivel de escolaridad y que sólo el 39.1 por ciento de la población participa en actividades económicas, frente a un 64.7% que no tiene imitaciones; la contratación de personas con esta condición se torna difícil por la poca inclusión, y los paupérrimas acciones en su favor.
Norma Martínez
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