El Consejo Coordinador Empresarial estima que dentro del paquete de modificaciones que deben procesarse en el nuevo período del Congreso, es prioritaria una reforma política que no puede ser descalificada sin antes ser discutida. Tampoco debe dejarse de lado a la reforma hacendaria.
El arranque de un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión representa una oportunidad inaplazable para consolidar las reformas estructurales que impulsen el desarrollo del país. Ante ello, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) considera que es urgente generar condiciones que permitan consolidar la gobernabilidad, la construcción de mayorías y destrabar la toma de decisiones.
No debe haber más pretextos, pues resulta inadmisible detener la modernización de México por escarceos político-electorales. Es frustrante para los ciudadanos que algunos actores políticos descalifiquen en automático las iniciativas presentadas, sin siquiera discutirlas, como en el caso de la propuesta de reforma política.
El Poder Legislativo tiene la estructura y capacidad para procesar las reformas más urgentes, ya que cuenta con cientos de legisladores que pueden trabajar en paralelo para discutir, matizar, complementar y aprobar los cambios que se requieren en materia fiscal, política, laboral y en otros campos fundamentales para la transformación del país.
Por ello, el CCE rechaza el que se prevea aprobar las reformas fundamentales de una en una, pues esto sería el reflejo de una mala administración del ejercicio legislativo y de que priven los intereses particulares y partidistas. Consideramos que en el periodo de sesiones del Congreso que recién inicia, es posible abordar simultáneamente una reforma política, sin dejar de lado una revisión a fondo de los temas fiscales.
No olvidemos el profundo deterioro mostrado por las finanzas públicas a raíz del decaimiento en la producción nacional de hidrocarburos y su elevada dependencia del sector energético, por lo que es urgente también una modernización hacendaria que revierta la pérdida de ingresos públicos, pero sobre todo que combata a fondo la economía ilegal, amplíe la base de contribuyentes y, entre otras cosas, brinde al país una mayor competitividad.
Dentro del paquete de cambios necesarios, destaca igualmente la necesidad de una reforma política que fomente la participación ciudadana, estimule la eficiencia de los poderes públicos y apuntale la responsabilidad de los partidos políticos frente a las necesidades de los gobernados.
Requerimos de una reforma que premie los buenos resultados y facilite la construcción de acuerdos para modernizar al país. Si algunos legisladores consideran que la iniciativa presentada va más allá de lo que conviene, su labor es matizarla y discutirla, pero no descalificarla en automático.
Si por el contrario, consideran que la propuesta presentada en esta materia es insuficiente, tienen a su vez la capacidad de complementarla, pues de otra forma estarían dando la espalda a los ciudadanos que los eligieron. No deben imponerse los intereses de los partidos políticos sobre los de los ciudadanos.
En ese sentido, es pertinente destacar el interés de la sociedad por impulsar aquellos cambios que tengan como eje al ciudadano y sus necesidades.
Una reforma política de fondo debe considerar por tanto:
• Buscar la reelección inmediata de diputados y presidentes municipales de tal forma que sea a los ciudadanos a quienes rindan cuentas.
• Reducir el tamaño del Congreso no sólo para bajar los gastos, sino también para favorecer la creación de mayorías.
• Modificar los órganos de gobierno, las instituciones y los Poderes para modernizarlos.
• Desarrollar esquemas alternativos como el de la iniciativa preferente, que permitan destrabar dictámenes en ambas Cámaras.
• Replantear la relación Estado-sociedad a partir de un esquema de corresponsabilidad. En este sentido, la figura de iniciativa ciudadana pude ser un canal efectivo de expresión y participación política de los ciudadanos.
No podemos detener más la modernización del país. Por ello, confiamos en que los legisladores asumirán la responsabilidad histórica que representa aprovechar este periodo legislativo para concretar las reformas que México necesita para crecer.
Redacción
