El comercio electrónico, entendido como la realización de transacciones a través de medios electrónicos para el comercio de bienes y servicios, ha tenido una creciente difusión alrededor del mundo, complementando así al trato físico directo.
En México ha aumentado considerablemente, estimando que aportará un total de 47 mil millones de pesos a la economía nacional durante 2011, 28% más que el año pasado. Esta cifra representa alrededor del 0.4% del producto interno bruto, aunque todavía se considera por debajo del promedio de Latinoamérica, y mucho más bajo en comparación al 0.7% que representa para la economía chilena o casi el 1% que alcanza en Brasil, el país con mayor comercio electrónico de la región.
Típicamente, la repartición de recursos naturales en el territorio global no se ha dado de manera homogénea. Algunos países, regiones y ciudades han tenido la fortuna de contar con una cantidad y diversidad importante de éstos, mientras que otros, ya sea por su tamaño o su ubicación, no cuentan con una dotación significativa. Como uno de sus diversos efectos, ello ha contribuido a generar una brecha de desarrollo entre las distintas regiones.
En México no existe un tratamiento fiscal específico, mucho menos especial, para los agentes económicos, personas físicas, unidades económicas y empresas dedicadas a la producción o al comercio de bienes o servicios culturales. Es decir, el régimen fiscal al que están sometidas las industrias culturales es, en el mejor de los casos, el mismo que para el resto de las personas físicas o morales. Se apunta que en el mejor de los casos, porque varios de los demás sectores de la economía reciben y se benefician por tratamientos de privilegio por parte del fisco.